EDITORIAL

Nadie habla sobre la discriminación que sufren las personas por su orientación sexual cuando requieren servicios de la administración pública.

Los servicios de salud, educación, justicia, seguridad etcétera, son limitados o negados sistemáticamente a las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual en Guatemala.

Me pregunto ¿qué hace la Procuraduría de los Derechos Humanos al respecto? A decir, de las personas que por años han trabajado en pro de los derechos humanos de las personas no heterosexuales, cuando han puesto denuncias esta institución no actúa con la diligencia debida.

Desde este espacio, evidenciamos esta situación y hacemos una condena moral hacia las autoridades por el patrón sistemático de limitación o negación de derechos a las personas de orientación sexual distinta a la heterosexual en Guatemala.